La verdad es que la ley del jurado en España no ha tenido suerte, no ha sido bien recibida por los jueces que debían colaborar en su aplicación y tampoco ha sido bien entendida por la sociedad española en general, como lo demuestran los comentarios que suelen hacerse a su implementación.
Estos prejuicios se deben sin duda a la desinformación y a la falta de cultura democrática, el derecho a ser juzgado por sus iguales es uno de los primeros que la revolución inglesa puso sobre la palestra en un proceso de constitucionalización no escrita que resulta en muchos aspectos modélico. Hemos comentado en esta sección ya algunas extrañas sentencias pronunciadas por jueces profesionales a los que la desconexión con la realidad social de su tiempo lleva por los caminos del extrañamiento y alejamiento de una ciudadanía a la que deben servir. Porque en realidad la ley en una sociedad democrática es (o debiera ser) la expresión de la voluntad popular, y así las sentencias.
Un grupo heterogéneo de ciudadanos con sentido común y libres de prejuicios tienen en mi opinión muchas mas posibilidades de acertar con su decisión que unos jueces profesionales, al menos en las cuestiones que la ley del jurado reserva a la decisión y estudio de los mismos. En todo caso ser miembro del jurado más allá de cobrar los 67 euros al día que la noticia recoge es como el ejercicio del derecho al voto, o la participación en una consulta o referéndum, una expresión elevada de la mejor experiencia democrática, el ejercicio más sano de la soberanía popular.