El título de este artículo no me lo deben a mí, es del profesor Ferreiro lapatza enunciado en un artículo de la revista fiscal de Aranzadi, en el año 2003, sin embargo he querido incluirlo por lo llamativo, impactante y clarificador.
Llevamos algunos días que el Gobierno de España hace guiños para sus filas y para aquellos que reclaman un impuesto para los que más tienen. Sin embargo tal hecho parece no llegar, amén de los mensajes dispares de cada uno de los miembros del Gobierno.
Pudiera parecer que volviendo a gravar las rentas más altas las arcas del Estado podrían disponer de un balón de oxígeno que ayudara a paliar el déficit público. Obviamente algo se ingresaría, la duda está servida, seguro que los informes que recibe el Presidente no son nada firmes, de ahí el retraso en su formulación.
No voy a entrar en ello de momento, pero si es cierto que de la ingente normativa fiscal, con modificaciones, excepciones y más modificaciones hacen del régimen fiscal y tributario un campo abonado para los expertos.
Si la función social de la norma tributaria es su justa redistribución, su complejidad hace decaer esa función social. ¿Por qué? Pues sencillamente porque quién se beneficia de las lagunas dejadas por la norma tributaria es precisamente quién tiene recursos suficientes para acudir a los expertos, de ahí el título de este artículo tan sugerente propuesto en su día por el profesor Ferreiro.
Bien es cierto, que en los últimos años, desde la reforma del año 1999 se ha intentado simplificar la contribución fiscal de cada contribuyente acercando la Agencia Tributaria al ciudadano, pero con ocasión de los errores en los borradores del IRPF ha hecho trizas esa idea de acercamiento y simplificación.
Es decir, la tributación queda al margen de la mayoría de los ciudadanos, los tontos –entendidos como los honrados ciudadanos que no buscan los tres pies al gato- y castigo al listo, aquel que vigilado por la administración tributaria es cazado en su alejamiento de los criterios técnicos de los funcionarios de Hacienda. Y premio por tanto a ese 22% del PIB que no declara nada, engrosando la lista de la economía sumergida.
La situación no puede ser más escandalosa posible, quién no puede pagar un buen asesoramiento, paga más impuestos que quién económicamente se lo puede permitir, y quién no declara nada es premiado permanentemente.
¿No debería corregirse esta situación esperpéntica? Seguro que todos podemos coincidir en ello, pero es preciso que impere la cordura normativa en nuestros legisladores, que las leyes fluyan generalistas, claras y comprensibles, si esto prospera de seguro que la mayor parte de la economía sumergida reflotará y ayudará a reducir el déficit del Estado.
En conclusión, esperemos que una nueva fórmula tributaria no consiga enmarañar aún mas el entramado normativo fiscal, que aparentemente pueda dar la idea de que los que más tienen pagan más, pero lo cierto es que atendiendo a la proporción de seguro que los que menos pagan son los que más tienen.
