EL JUEZ GARZÓN Y EL ESTADO DE DERECHO
En relación con la sentencia de la Sala Segunda del TribunalSupremo que, por unanimidad de sus siete Magistrados, ha condenado al juezGarzón por prevaricación, determinados sectores políticos, jurídicos ymediáticos han realizado unos vergonzosos ataques a nuestra máxima instanciajudicial que no debieran quedar impunes. Son lamentables, y dejan bien a lasclaras el carácter intolerante, totalitario y antidemocrático de quienes loshan protagonizado. ¿Qué tipo de instrucción defienden Llamazares, Lara o el fiscal Villarejo, acaso la de los jueces de la extinta Unión Soviética o de Cuba, singarantías procesales algunas? ¿Todo vale para obtener resultados? Laargumentación del Tribunal es tan contundente y se reprueba tan duramente laactuación del juez que, en mi personal opinión, no cabe duda alguna del delitocometido ni, en consecuencia, de lo conforme a derecho que es la sentencia.
¿Se pueden imaginarlos lectores el peligro que entraña un juez que instruye una causa sin respetarlas leyes y procedimientos establecidos? Al más elemental sentido común repugnaque el instructor y, por orden suya, el fiscal y la policía puedan “pinchar de forma indiscriminada ygeneral” ni más ni menos que las conversaciones de los abogados con susdefendidos y, además que, amparados por el secreto del sumario, puedan utilizarla información así obtenida en contra de los mismos. De ahí a aplicar latortura para obtener confesiones sólo hay un paso. Nadie ni nada debe estar porencima de la ley. Actualmente en España, sólo en casos de terrorismo y conautorización judicial, se pueden interceptar las comunicaciones entre abogado ycliente. Garzón prevarica porque, conociendo su ilegalidad, ordena las escuchas y, por otra parte, al acceder a ellas,viola las garantías constitucionales de acusados y letrados defensores.
Investido de unaespecie de “complejo de superioridad” casi enfermizo, no admite límite alguno asu actuación jurisdiccional, guiada siempre por el “yo creí o yo pensé que”.Sin prejuzgar nada, en el caso del otro juicio, el de la Memoria Histórica,tampoco admitió las indicaciones que la fiscalía de la Audiencia Nacional lehizo sobre su no competencia para actuar. En definitiva, lo peor que le puedesuceder a un juez, no ajustarse al principio de legalidad. Felicitémonos todosy demos las gracias al letrado Ignacio Peláez que, sin apoyo del ConsejoGeneral de la Abogacía ni de su Colegio Profesional, algo inaudito, ha obtenidodel Supremo una sentencia con la que los ciudadanos y los abogados nos sentimosa cubierto de actuaciones semejantes. Es el Estado de derecho. elsadday.
