TRIBUNAABIERTA
Derogaciones sociales
HACE años cuando un profesor de Derecho Civil hablaba de derogaciones sociales no supe entender a qué se refería. Corría mil novecientos noventa y aún se fumaba en clase a pesar de la prohibición reglamentaria de hacerlo. Un alumno se lo advirtió y él dijo que aquel reglamento estaba derogado socialmente, razonando que existían normas que prácticamente estaban inaplicadas por su escaso o nulo cumplimiento. Han tenido que pasar más de tres lustros para entender a qué se refería aquel clarividente profesor.
En nuestros días las derogaciones sociales, que no he logrado localizar como concepto en la doctrina jurídica, están muy presentes en nuestra sociedad. Es decir, podríamos considerarnos un país bien situado en un hipotético ranking normativo, pero no tanto en cuanto al nivel de cumplimiento. La máxima latina decía que si el derecho no convence, vence, siendo preferible siempre la opción del convencimiento más que de la imposición. Sin embargo resulta que hay determinada normas que el pueblo llano se niega a cumplir, o bien, hace lo indecible por no cumplir utilizando para ello argucias legales, picarescas varias o buscando hasta el infinito vacíos normativos. Es algo que también es muy practicado por las élites políticas, sociales y económicas, que son las que realmente marcan el paso en todo lo que se suele denominar sociedad, a pesar de las enormes connotaciones que tiene ese concepto.
Claro, la pregunta que habría que formularse es por qué se opta de forma más o menos mancomunada por no cumplir algunas de las normas que forman parte del ‘corpus’ legal de nuestro entramado convivencial. Desde la comunidad de vecinos más modesta hasta las más altas instituciones, se pasa como una apisonadora sobre esas normas, de manera que si no se pone remedio inyectando vigor con mayor refrendo o control legal, acaban por inaplicarse. En estos casos el Estado se la juega, ya que de hecho es el garante de que las normas se apliquen y se cumplan.
Que las normas se incumplan no es nada extraordinario. Es algo que está en la agenda diaria de cualquier persona normal, sin que se llegue a ser delincuente por ello. A lo que realmente me refiero cuando hablo de derogaciones sociales es a lo que se incumple de manera espontánea, sin que preocupe al infractor en absoluto las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento. Es más, se establece una especie de acuerdo tácito entre la comunidad para llevarlo a cabo, por lo que el legislador ante esa desobediencia casi genérica tendrá que llevar a cabo una de estas dos soluciones: o refuerza la norma y la severidad de la sanción; o bien deroga la norma antes que la devore la ciudadanía. Ejemplos de este tipo de normas existen en todos los ámbitos reguladores, pero son más frecuentes en los que tienen relación con la vida cotidiana de las personas. Ahí están los casos de los infracciones de tráfico, que a poco que uno observe en un día cualquiera no es nada difícil encontrar un buen puñado de ellas tales como aparcar en doble fila, no detenerse ante los semáforos en rojo, obviar los pasos de peatones, amenazando la integridad física de las viandantes, velocidades prohibidas por calles y carreteras, ruidos superiores a los decibelios permitidos, música a toda pastilla, falta de casco en las motocicletas, siendo éstos algunos de los ejemplos más comunes, no descartando otros más graves. El ciudadano ante este tipo de infracciones, que en muchos casos ponen en peligro de la vida de las personas, no suele espantarse de tan acostumbrado que está a que existan. En materia fiscal, el héroe de la reunión de amigos siempre ha sido el que más fácilmente consigue engañar a Hacienda, y si ese que sabe los trucos para engañar se convierte en asesor fiscal con sin título o sin él, se acaba forrando. Ese sortear al fisco es algo connatural a todos nosotros, muchas veces movidos por la enorme presión fiscal existente y lo poco que lucen los impuestos para aumentar la calidad de vida del ciudadano y el descarado uso que hacen los políticos del dinero público, además de la incomprensión que produce conocer que son muchas las rentas fuertes que pasan de puntillas por las arcas públicas, siendo siempre las más débiles las que pasan siempre por caja. Por todos esos y otros motivos existe una predisposición esquiva para tributar a Hacienda. Pero esa esquivez no es algo común en determinados países, en los que los poderes públicos hacen mejor los deberes y redistribuyen con más sentido común. De hecho en Suecia el político que promete en la campaña electoral bajada de impuestos suele suscitar la desconfianza del electorado. En cambio aquí ocurre al contrario.
Últimamente están surgiendo otras normas que de seguir su andadura social torpe y huraña acabarán por ser derogadas socialmente. Una de ellas es la ley que regula la prohibición de fumar en lugares públicos que adolece de grandes lagunas jurídicas, siendo una de las más destacadas el asunto del tabaco en restaurantes, bares y cafeterías. Estoy convencido que de seguir esa presión hostelera, el gobierno se quedará inerme ante el grave error de permitir fumar en estos lugares, como lugares públicos que son, sin contar con el dato estremecedor de la clara desprotección que tienen los trabajadores de la hostelería respecto a demás trabajadores de los demás sectores laborales, en los que al parecer existe un importante cumplimiento normativo. La norma contempla que el propietario decida si se puede fumar o no en establecimientos de menos de cien metros cuadrados pero, en mi opinión, es una clara desprotección hacia el no fumador, que observa como esta oportunidad legal que se le concedió también ha sido vencida por mor de un gobierno sobredimensionado por un sector tan social y poderoso como es el hostelero en este país.
Pero existen otras muchas normas que están expuestas a ser derogadas socialmente y, probablemente, no exista solución, porque si en la agenda del ciudadano no está previsto el cumplimiento poco pueden hacer los poderes públicos, excepto poner un agente de la autoridad a cada persona, algo que como sabemos es imposible, además de no deseable. La otra opción que nos queda es educar en el cumplimiento de lo más básico y primordial, que afecta a la convivencia, desde la más tierna infancia, pero eso sería hablar de lo etéreo.
En nuestros días las derogaciones sociales, que no he logrado localizar como concepto en la doctrina jurídica, están muy presentes en nuestra sociedad. Es decir, podríamos considerarnos un país bien situado en un hipotético ranking normativo, pero no tanto en cuanto al nivel de cumplimiento. La máxima latina decía que si el derecho no convence, vence, siendo preferible siempre la opción del convencimiento más que de la imposición. Sin embargo resulta que hay determinada normas que el pueblo llano se niega a cumplir, o bien, hace lo indecible por no cumplir utilizando para ello argucias legales, picarescas varias o buscando hasta el infinito vacíos normativos. Es algo que también es muy practicado por las élites políticas, sociales y económicas, que son las que realmente marcan el paso en todo lo que se suele denominar sociedad, a pesar de las enormes connotaciones que tiene ese concepto.
Claro, la pregunta que habría que formularse es por qué se opta de forma más o menos mancomunada por no cumplir algunas de las normas que forman parte del ‘corpus’ legal de nuestro entramado convivencial. Desde la comunidad de vecinos más modesta hasta las más altas instituciones, se pasa como una apisonadora sobre esas normas, de manera que si no se pone remedio inyectando vigor con mayor refrendo o control legal, acaban por inaplicarse. En estos casos el Estado se la juega, ya que de hecho es el garante de que las normas se apliquen y se cumplan.
Que las normas se incumplan no es nada extraordinario. Es algo que está en la agenda diaria de cualquier persona normal, sin que se llegue a ser delincuente por ello. A lo que realmente me refiero cuando hablo de derogaciones sociales es a lo que se incumple de manera espontánea, sin que preocupe al infractor en absoluto las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento. Es más, se establece una especie de acuerdo tácito entre la comunidad para llevarlo a cabo, por lo que el legislador ante esa desobediencia casi genérica tendrá que llevar a cabo una de estas dos soluciones: o refuerza la norma y la severidad de la sanción; o bien deroga la norma antes que la devore la ciudadanía. Ejemplos de este tipo de normas existen en todos los ámbitos reguladores, pero son más frecuentes en los que tienen relación con la vida cotidiana de las personas. Ahí están los casos de los infracciones de tráfico, que a poco que uno observe en un día cualquiera no es nada difícil encontrar un buen puñado de ellas tales como aparcar en doble fila, no detenerse ante los semáforos en rojo, obviar los pasos de peatones, amenazando la integridad física de las viandantes, velocidades prohibidas por calles y carreteras, ruidos superiores a los decibelios permitidos, música a toda pastilla, falta de casco en las motocicletas, siendo éstos algunos de los ejemplos más comunes, no descartando otros más graves. El ciudadano ante este tipo de infracciones, que en muchos casos ponen en peligro de la vida de las personas, no suele espantarse de tan acostumbrado que está a que existan. En materia fiscal, el héroe de la reunión de amigos siempre ha sido el que más fácilmente consigue engañar a Hacienda, y si ese que sabe los trucos para engañar se convierte en asesor fiscal con sin título o sin él, se acaba forrando. Ese sortear al fisco es algo connatural a todos nosotros, muchas veces movidos por la enorme presión fiscal existente y lo poco que lucen los impuestos para aumentar la calidad de vida del ciudadano y el descarado uso que hacen los políticos del dinero público, además de la incomprensión que produce conocer que son muchas las rentas fuertes que pasan de puntillas por las arcas públicas, siendo siempre las más débiles las que pasan siempre por caja. Por todos esos y otros motivos existe una predisposición esquiva para tributar a Hacienda. Pero esa esquivez no es algo común en determinados países, en los que los poderes públicos hacen mejor los deberes y redistribuyen con más sentido común. De hecho en Suecia el político que promete en la campaña electoral bajada de impuestos suele suscitar la desconfianza del electorado. En cambio aquí ocurre al contrario.
Últimamente están surgiendo otras normas que de seguir su andadura social torpe y huraña acabarán por ser derogadas socialmente. Una de ellas es la ley que regula la prohibición de fumar en lugares públicos que adolece de grandes lagunas jurídicas, siendo una de las más destacadas el asunto del tabaco en restaurantes, bares y cafeterías. Estoy convencido que de seguir esa presión hostelera, el gobierno se quedará inerme ante el grave error de permitir fumar en estos lugares, como lugares públicos que son, sin contar con el dato estremecedor de la clara desprotección que tienen los trabajadores de la hostelería respecto a demás trabajadores de los demás sectores laborales, en los que al parecer existe un importante cumplimiento normativo. La norma contempla que el propietario decida si se puede fumar o no en establecimientos de menos de cien metros cuadrados pero, en mi opinión, es una clara desprotección hacia el no fumador, que observa como esta oportunidad legal que se le concedió también ha sido vencida por mor de un gobierno sobredimensionado por un sector tan social y poderoso como es el hostelero en este país.
Pero existen otras muchas normas que están expuestas a ser derogadas socialmente y, probablemente, no exista solución, porque si en la agenda del ciudadano no está previsto el cumplimiento poco pueden hacer los poderes públicos, excepto poner un agente de la autoridad a cada persona, algo que como sabemos es imposible, además de no deseable. La otra opción que nos queda es educar en el cumplimiento de lo más básico y primordial, que afecta a la convivencia, desde la más tierna infancia, pero eso sería hablar de lo etéreo.
