El final del caso de los dos policías de Linares, padre e hijo, condenados por agresión, me deja perplejo. Fue tal que así: hubo conformidad cuando los policías se avinieron a pagar 45.000 euros de indemnización. Uno se tragó año y medio de cárcel que no cumplirá y otro una multa. Todos a casa. Muchos compañeros de los agentes estaban citados para declarar. La prensa esperaba en la puerta. Los policías se pusieron de acuerdo para sacar de allí padre e hijo, autores confesos de una paliza y de amenazas al dueño del bar vecino de la Comisaría, sin que pasaran por la vergüenza pública de ser retratados. Dos funcionarios se echaron un trapo sobre la cabeza y salieron a la carrera por la puerta de los Penales que da a Ejército Español. Los cámaras picaron y se lanzaron tras ellos. Y los dos condenados salieron tan tranquilos por la puerta principal hacia Carmelo Torres, en dirección contraria.

El caso era feo de narices. En Fiscalía no es que aplaudiesen precisamente la digiligencia y la rapidez de la Policía por aclarar este caso. La detención de los dos implicados se produjo seis días después de la denuncia en Comisaría y por iniciativa del juzgado. Tanto acusación particular como Fiscalía insistieron al principio en aclarar por qué no se había grabado la paliza con las cámaras de seguridad de Comisaría, aunque luego se dieron por contentos con las explicaciones recibidas. El durísimo escrito de calificación de Fiscalía reflejó este malestar.

Los mecanismos de la Justicia procuraron un final feliz para todos: nadie va a la cárcel (aunque el padre ya estuvo un tiempo en preventiva), la familia agraviada cobra un buen dinero, el Fiscal se apunta una condena y los dos condenados no salen en los periódicos y las teles gracias a que unos compañeros, policías como ellos, se echaron una manta a la cabeza y les quitaron de encima a los fotógrafos. Lo dicho. Un final cojonudo. ¿O no?