La que ha liado el juez Miguel Sánchez Gasca, titular del juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Jaén, con un auto en el que critica duramente la Ley que impide a un padre acceder a la custodia compartida de sus dos hijos si hay una denuncia contra él por violencia contra la mujer, al margen de que la denuncia tenga más o menos fundamento. “Aplica la vieja regla de café para todos, muy propia de estos tiempos de radicalismo de género”, llega a decir. Es mucho decir en estos tiempos en los que ser políticamente incorrecto tiene un precio. Y todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia familiar es muy sensible a lo políticamente correcto. Lo demás, parece, importa poco.

Contra lo políticamente correcto no se admiten críticas. Todavía me acuerdo la que me armó la consejera de Justicia porque IDEAL informó de que el juzgado de violencia de género de Jaén abrió sin estar preparado para ello. No tenían ni folios. Menudo disgusto se llevó el juez Sánchez Gasca, que no pudo atender ese día a dos mujeres que acudieron a él buscando amparo por falta de medios (tuvieron que irse otro juzgado). A los pocos días vino la consejera María José López a Jaén. No se le ocurrió decir que la habían cagado, sino que dio las quejas: cómo se nos ocurría dar esas noticias, que desmoralizaban a las víctimas. No dijo que lo que desmoraliza a las víctimas es no darles la asistencia especializada y personalizada que les estaban prometiendo en los periódicos. Nadie alzó la voz por aquel escándalo. Hay que vigilar que no se pongan modelos en bragas en los escaparates. Pero que el juzgado donde se atiende a las víctimas de malos tratos tenga desde el primer día todos los medios no parecía entonces preocupar a nadie.

Otro detalle: El Colegio de Abogados denuncia que con los recortes a la Justicia gratuita, se deja a las víctimas de malos tratos sin la asistencia de un turno de oficio especializado, con letrados que tienen toda la formación necesaria gracias a los cursos que les exige el Colegio para atender a las víctimas de violencia de género. Ahora las van a atender letrados igualmente profesionales y voluntariosos, pero sin la garantía de esa formación específica. Con que no se hable de ello todos tan tranquilos. Aquí no pasa nada. No he escuchado a ningún órganismo oficial u oficioso (con o sin sueldo o subvención pública) dar la voz de alarma sobre esta circunstancia, salvo al Colegio de Abogados, claro.

La crítica del juez de Violencia sobre la Mujer en torno al corsé de la ley no es nueva en asuntos de violencia y familia. Por más que algunos se empeñen en enfocar el auto del juez Sánchez Gasca sobre el tema de las denuncias falsas (haberlas las hay, pero me consta que se persiguen con firmeza cuando se detectan) yo creo que lo que denuncia el juez es otra cosa: el “radicalismo de género” con el que se redactan las normas provoca situaciones que se podrían solventar mejor si dejasen al juez, a la vista de las circunstancias concretas de cada caso, tomar la decisión más adecuada en función del bien jurídico que se pretende proteger. En el caso del auto de marras, el bienestar de dos niños de ocho y diez años.

¿Se acuerdan del caso de la madre de Pozo Alcón? Aquel desaguisado hubo que arreglarlo con un indulto del Gobierno. Tanto la hoy presidenta de la Audiencia, Elena Arias Salgado, como el fiscal jefe, José María Casado, criticaron la ley por el automatismo en los alejamientos. En el caso del auto del juez Sánchez Gasca, el automatismo es que si hay denuncia no se puede dar custodia al padre. Sin dejar al juez valorar el caso concreto. Debe ser que pensar con autonomía no es políticamente correcto.