La magistrada María del Carmen Carpio Lozano, del Penal 2 de Jaén, acaba de ordenar que se deduzca testimonio contra una mujer que no quiso declarar en un juicio contra su marido, al que había denunciado antes por malos tratos. La segunda vez que lo hace (lo de imputar denuncia falsa, digo) en apenas dos semanas. El debate sobre las denuncias de malos tratos está en su apogeo. El juez de violencia de género, Miguel Sánchez Gasca, acaba de archivar una denuncia de una mujer contra un hombre, interpuesta en pleno proceso de divorcio y cuando él había solicitado (con muchos visos de conseguirlo) la custodia compartida. Sobre este caso, Sánchez Gasca ya se pronunció con un auto contundente. Sin embargo, no se deduce testimonio contra la mujer, que denunció sin fundamento. Una de esas denuncias instrumentales de las que tanto se quejan los abogados de ellos. Lo que va del odio al cariño. Integristas del bando feminista y del de los padres denunciados que se proclaman víctimas del sistema tienen munición de sobra con las últimas resoluciones judiciales.

Me llega la sentencia contra Juan Manuel S.R., linarense de 25 años afincado en Lérida, que recibió el apoyo de asociaciones de padres por la custodia compartida de toda España hace ahora un año. Él denuncia que le quitaron a su hija, que la madre se la llevó desde Cataluña a Úbeda en la primavera de 2007 y que aún no ha podido verla. Él era la víctima de un sistema injusto, decían sus defensores. El juzgado de lo Penal 1 de Jaén acaba de condenarlo a seis meses de prisión y tres años de alejamiento por un delito de amenazas contra la mujer (aún no es firme). Según el relato de hechos probados de la sentencia, el 12 de septiembre de 2007 llamó a su ex al hotel donde trabajaba y le dio: “Te vas a arrepentir de haberme dejado, tengo mucho poder y te voy a matar”. La conversación telefónica tuvo un testigo. Ella puso el manos libres. Un hombre que en 2007 era compañero de trabajo de la mujer y que hoy es su marido lo escuchó todo, dice el fallo judicial. La mujer ejercía la acusación particular y pedía cuatro años de cárcel por malos tratos habituales y amenazas, además de que se le privase de la patria potestad durante cinco años y que pagase 6.500 euros como indemnización. El negó en todo momento que hubiera maltratado, amenazado e insultado. Juan Manuel tiene antecedentes penales. En 2006 fue condenado por la Audiencia Nacional a seis meses de prisión por poner en julio de 2002 un artefacto explosivo en el cajero automático de una oficina bancaria en Barcelona. Tras este hecho, abandonó el terrorismo anarquista. En el juicio se declaró culpable. Estaba en libertad condicional por esta causa.

En alguna página web he visto enlaces entre los casos de Juan Manuel y de otro linarense, Miguel Ángel G.D., que fue condenado por malos tratos a cuatro años y dos meses de prisión en octubre de 2008 por someter a su ex novia, según dijeron los peritos que ilustraron al tribunal, “a todas las formas de violencia posible”. El relato de hechos que hace la sentencia es espeluznante. Cuando tuvo que entrar en prisión, sus familiares y amigos hicieron manifestaciones en la calle Pontón, frente a los juzgados, criticando lo injusto del fallo, ratificado íntegramente por la Audiencia. Sin embargo, de cara a la opinión pública linarense, él era la víctima. Lo que ella sufrió, opinó el juez Luccini, que condenó Miguel Ángel, debió de ser “insoportable”.

Espeluznante el relato de hechos de una sentencia del Penal 4 contra un joven de 21 años por malos tratos continuos a su ya ex novia. Contra ella, además de golpes y vejaciones, entonó el muy machista “mía o de nadie”. Tres años de cárcel le cayeron. La amenazó de una forma que pone los pelos de punta: “A Marta la mataron con un cenicero, yo te puedo matar con las manos”.