El asunto es enrevesado. A la delegación provincial de Obras Públicas comenzaron a llegar denuncias contra un trabajador, que además de empleado de la administración andaluza es abogado titulado y colegiado, y ejerce. Unas veces a raíz de estas denuncias y otras por iniciativa propia, pues la cosa se fue encabronando, Obras Públicas abrió expedientes disciplinarios. Hasta cuatro. Las cuatro veces se la tuvo que envainar, porque no encontró motivo de sanción, y los archivó. Pero he aquí que en uno de esos cuatro expedientes no se respetaron los derechos del trabajador, sostiene el denunciante: se tuvo abierto más tiempo del que permite la ley. Y, siempre según la denuncia, lo sabían tanto Valdivielso como el secretario general de la delegación, también imputado. Lo sabían porque él se lo dijo, claro. Así que denuncia al canto.

La delegación provincial encontró sin embargo motivos motivos para abrirle a este trabajador un quinto expediente por falta muy grave que aún sigue abierto y pendiente de resolución. Las dos partes están jugando duro. A estas alturas del partido ninguno se va arrugar. Uno se juega el puesto de trabajo. Otro una inhabilitación que arruinaría su carrera política. El marcador al descanso del partido es un expedientado – dos imputados. A ver qué pasa.

ACTUALIZACIÓN: Me dicen que la Junta ha emitido ya una propuesta de resolución, que consiste en trasladar al trabajador de puesto. Lo mínimo.