El año 2011 en Andalucía será recordado en buena medida como el año del escándalo de los ERE. Una trama con epicentro en Sevilla, pero con una rama jienense. Desde el mes de febrero, en IDEAL hemos publicado informaciones para dar a conocer esta parte de la trama. En estos últimos días del año, aprovecho el blog para recordar en una serie la aportación de IDEAL al conocimiento público del asunto, con una selección de las informaciones más relevantes.

Publicado en IDEAL el 25 de septiembre de 2011

La jueza Alaya investiga ahora al despacho que asesoró a la Junta en el ERE de Molina en 1999

La magistrada señala que su nombre sale en varios casos bajo sospecha y pide datos sobre facturas pagadas al bufete donde trabajó Juan Lanzas varios años

JAÉN. Nueve de la noche del 23 de febrero de 1999. En la fábrica de Molina, a la salida de Jaén, se celebra una reunión para pactar el ERE (presentado al día siguiente) que sería el acta de defunción de la empresa Hijos de Andrés Molina, entonces controlada por el Instituto Andaluz de Fomento de la Junta, con 477 trabajadores. La plantilla está representada por UGT y CC OO y CGT (que no firmó los acuerdos). Por parte de UGT encabeza la delegación Luis García de los Reyes, hoy implicado en las falsas prejubilaciones tras aparecer su mujer como intrusa en una empresa malagueña. Por parte de CC OO lidera la negociación -según las actas- Damián Jiménez, cuya esposa también ha aparecido como prejubilada en 2002 en Dhul Granada. Por parte de la empresa, el consejero delegado es César Braña Pino, (ya fallecido) ex gobernador civil de Cádiz y también prejubilado fraudulentamente años después. Braña -según el acta de acuerdos de la comisión negociadora depositada en el juzgado lo Social número 2 de Jaén- está «asistido» por dos «letrados y asesores empresariales». Los dos forman parte del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís. Un bufete que está siendo investigado doce años después por la jueza Mercedes Alaya por su supuesta relación con varios de los ERE fraudulentos detectados en Andalucía en los últimos años.
Ocho años con Lanzas
El mismo despacho sevillano -con sede principal en Sevilla, oficinas en Madrid, Barcelona y Alicante, en la fundado en 1993 y con once abogados miembros – dio trabajo al ex sindicalista jienense Juan Lanzas entre los años 2003 y 2011, hasta que estalla el escándalo. Lanzas también participó como secretario general de la federación de Alimentación de UGT en la negociación de Molina en 1999. Cuando el 13 de enero pasado la Policía Judicial a las órdenes de Alaya detiene e interroga a Lanzas, éste declara que «actualmente trabaja de comercial en una empresa llamada Estudios Jurídicos Villasís, que empezó a trabajar con esta compañía a principios de 2003. Que su trabajo consiste en ver empresas en Andalucía con problemas económicos para buscarles inversores para esas empresas y con grupos inversores externos para invertir en Andalucía», según aparece reflejado en el atestado policial que se levantó tras el arresto del ex sindicalista. En mismo documento indica que Lanzas afirmó que desde 2003 no trabajó para ninguna otra empresa.
Hoy el rumor dice que Lanzas está en paro. En primavera fue visto en una oficina del SAE en el Gran Eje de Jaén. En una entrevista conocida a IDEAL en abril ni confirma ni desmiente este extremo. «Yo creo que eso no tiene importancia ¿no? Volvemos a lo del morbo. Hay cosas más importantes que preguntar, me parece a mí», respondía cuando si se le preguntaba si cobraba el subsidio de desempleo.
Al igual que ocurrió con otros negociadores del cierre de Molina, la jueza Alaya ha citado al despacho Villasís en sus pesquisas sobre la trama de los ERE. En un auto del pasado mes de julio, la magistrada Alaya ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la práctica de nuevas diligencias sobre la trama de los ERE. Entre ellas estaba el análisis de las constantes actuaciones de los despachos de abogados Estudios Jurídicos Villasís y otros, a los que se hacían continuas referencias en los expedientes incorporados a las actuaciones.
Once facturas
En otro auto de esta misma semana, la magistrada requiere a la Junta para que remita copia de contratos de servicios y facturas por asesoramiento con Villasís. En concreto le reclama 11 facturas. Ninguna supera el importe de 15.000 euros.
No es el único despacho de abogados sobre el que la jueza Alaya pide aclaraciones. También cita en su auto al despacho de Manuel Olivencia (suegro de Javier Arenas) requiere a la Junta para que remita copia de los contratos de servicios y facturas por asesoramiento, que en este caso ascendieron a 104.000 euros en marzo de 2002 y 15.000 euros en julio de ese año – y también le reclama facturas a Alpha Corporate.
En el mismo auto, la jueza pide a la Consejería de Empleo que informe sobre las ayudas de «más de un millón de euros» entregados entre 2009 y 2010 a la Federación Regional de Industrias Afines de la UGT, los 3.743.000 euros en ayudas a Cervezas Alhambra en 2003 y otros 559.000 en 2010, y otros 3.265.000 euros entregados a la Fábrica San Carlos. Minas de Riotinto, La Jarosa Desarrollo Turístico de la Sierra Norte, Corral del Conde de Sierra Morena o Autologística de Andalucía son otras tantas empresas que serán investigadas.
La jueza pide a la Agencia Tributaria que le auxilie en sus indagaciones a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y que sus expertos cooperen con la unidad de la Guardia Civil encargada de las pesquisas.
También reclama a la Tesorería de la Seguridad Social que les facilite toda la información que solicite para comprobar la prestación de servicios de trabajadores beneficiarios de ERE.