Acaba de terminar el juicio más largo del año (de momento, que vienen varios jurados de los duros) en Jaén. Un feo asunto de drogas con 17 acusadosentre ellos un policía acusado de avisarles de posibles operaciones antidroga.  (el fiscal ha retirado los cargos contra cinco de ellos y cuatro se han declarado culpables) Como en muchos juicios de drogas, la clave va a estar en las escuchas. Las defensas han insistido en que no estuvieron bien motivadas ni bien controladas por el juzgado. El asunto cobra especial trascendencia porque estas alegaciones se han hecho ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén. Una sección que preside el magistrado José Cáliz Covaleda, y que se ha mostrado históricamente muy sensible con el tema de las escuchas. Como muestra, ahí va una información de junio de 2006 en un asunto que provocó un serio rifirraje entre Fiscalía y la presidencia del tribunal.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincia declaró ayer nulas como prueba en un juicio las escuchas telefónicas a supuestos traficantes de cocaína a los que la Guardia Civil mantuvo bajo vigilancia en un operativo realizado entre abril de 2003 y enero de 2004. En el banquillo de los acusados se sentaban cuatro jóvenes implicados en el transporte de un paquete con 300 gramos de coca entre Linares-Baeza y Jaén. A dos de ellos se les suponían numerosas operaciones de venta al menudeo en Jaén. Había conversaciones grabadas tan curiosas -según dijo uno de los guardias en la vista oral- como una en la que un individuo le encargaba a uno de los acusados que le llevase «medio compact disc». Pero no servirán de prueba de cargo contra los acusados porque el Tribunal consideró que no se habían respetado todas las garantías necesarias para salvaguardar los derechos constitucionales de los acusados.
El Tribunal rechazó incluso el intento de la Fiscal para que se admitiese al menos una de las cintas, que había sido transcrita completa y bajo la supervisión del secretario del juzgado.
La Sección Tercera también absolvió recientemente a otro acusado de tráfico de drogas al que la Policía Nacional había pinchado el teléfono. En esta ocasión se argumentó que había pasado demasiado tiempo (casi un año) desde que se grabaron las cintas hasta que se procedió al cotejo de su transcripción con el secretario judicial, mientras que la doctrina del Constitucional indica que debe hacerse «inmediatamente». Sin cintas no había pruebas de cargo de peso. Y el TC anuló la semana pasada otra condena de la Audiencia por drogas al haber un «control defectuoso» de las escuchas por el juez.

En el caso que ha quedado ahora visto para sentencia hay mucho en juego pendiente de la validez de las escuchas: entre ellas, una investigación de Asuntos Internos de la Policía. Además de la suerte de 8 personas, que no se han conformado.  ¿Y qué cara pondrían los que han admitido que traficaban si ahora declaran nulas las escuchas?