Los protocolos de actuación en caso de crisis están perfectamente descritos en los manuales. Desde la Depresión del 29 se sabe qué indicadores hay que tocar para recuperar el equilibrio de los mercados y, por ende, de la economía. Así que los gobiernos están echando mano de esas recetas de toda la vida para sacarnos del atolladero en el que estamos inmersos. Una de estas fórmulas mágicas es la inversión pública. ¿Qué pasa? Que las cosas han cambiado mucho desde el 29 hasta nuestros días y ahora existe una cosa que se llama ‘tecnología’. Vamos, que ahora las carreteras no las hacen miles de personas, sino decenas de máquinas. Así que hay que buscar actividades en las que la mano del hombre siga desempeñando un papel fundamental. Aquí es donde nos topamos con eso que el Ministerio de Administraciones Públicas ha denominado ‘Fondo Estatal de Inversión Local’, que viene a ser una nueva edición del famoso PER.

El Ejecutivo no se ha complicado mucho la cabeza. Ha adoptado como criterio de reparto el de la población. Cuantos más habitantes, más dinero se recibe. Se parte del apriorismo de que cuanta más gente viva en un sitio más paro hay. En la práctica así sucede, pero con importantes matices. La cuestión es que la provincia en su conjunto puede aspirar a un máximo de 118 millones de euros. Y digo que ‘puede aspirar’ porque se trata de importes máximos a los que sólo se puede acceder si se presentan proyectos que valgan esos 118 millones.

Para orientar a las corporaciones locales el Ministerio ha elaborado un decálogo de actuaciones preferentes. La primera de ellas atañe a la adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios urbanos. También se recogen equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, en el saneamiento, el alumbrado y las telecomunicaciones. Se contempla, además, la construcción y adecuación de edificios sociales; la protección del medio ambiente; la supresión de las barreras arquitectónicas; la conservación del patrimonio, la promoción de la movilidad sostenible; la prevención de incendios; y el fomento del turismo. ¿Les suena todo esto? Sí, no le den más vueltas, el PER.

Ahora los municipios se plantean dos grandes retos: por una parte, qué hacer; y por otra, presentar todo el papeleo en menos de un mes. Quizá lo primero no sea tan problemático; basta un poco de imaginación y darse una vuelta por los pueblos para ver qué carencias existen. La segunda sí es más complicada, ya que cuatro semanas es poco tiempo para los consistorios más pequeños y con menos personal. Para ello contarán con el apoyo de la Diputación de Jaén, cuyo cometido fundamental es prestar cobertura precisamente a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

¿Dejaremos escapar muchos millones? He aquí el gran reto de nuestros munícipes para este mes de diciembre. La cuenta atrás ya ha comenzado.