Vayan haciéndose el cuerpo, porque nuevamente la ‘actualidad olivarera’ versará sobre el sempiterno debate de las ayudas. Ya verán ustedes. Y es que la caída de precios la pasada campaña no parece un problema coyuntural, sino estructural. Vamos, para que todo el mundo me entienda, que los agricultores están con ‘la mosca detrás de la oreja’ porque el valor medio del kilogramo se sitúa, día sí y el otro también, en los 2 euros, por debajo de los 2,20-2,40 euros que necesitan para que sus plantaciones sean rentables.

Varias soluciones encima de la mesa. Primera, implorar para que los comercializadores se conviertan en hermanitas de la caridad y por nuestra cara bonita aflojen 2,20 euros en vez de 2,00. Segunda, intentar por todos los medios reducir gastos, implorándole nuevamente a los proveedores de fitosanitarios y demás insumos que no se cuelen tres pueblos. Tercera, acometer una profunda reestructuración que mejore la competitividad del sector en Jaén, con el agravante de que este proceso es totalmente inviable en muchísimas fincas jienenses, condicionadas por las dotaciones de agua y su localización en pendiente. Y cuarta, ayudas, ayudas y más ayudas.

Todo esto es lo que pretende resolver la cacareada Ley del Olivar. O para ser más rigurosos, un añadido que emanará de este este texto legislativo, denominado ‘Plan Director del Olivar’, que debe determinar dónde, cuándo, cómo y por qué invertir dinero público en un cultivo del que dependen 300 pueblos y 250.000 familias en Andalucía.