Posiblemente no exista una ley más veces ‘parcheada’ que el Estatuto de los Trabajadores. Desde el 10 de marzo de 1980, la friolera de 52 remiendos, uno y medio al año, para conseguir que aquel maravilloso precepto constitucional de “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a un trabajo” (artículo 35) no parezca una broma de mal gusto, que es exactamente lo que piensan muchos españoles en estos momentos. ¿Y cuál es el resultado “de la reforma de la reforma de la reforma” (y así hasta 52 veces)? Pues en el caso de Jaén, donde la tasa paro jamás ha bajado del 10 por ciento, obviamente bastante negativo. Pero en la mayor parte de los casos el Ejecutivo de turno no buscaba “sólo” que hubiera empleo para todo el que quisiera, sino que la calidad de ese empleo fuera óptima. Pues tomando la referencia más local, también agua. Jaén aparece sistemáticamente con los mayores índices de eventualidad de España y de prácticamente toda la Unión Europea. Esto es lo que se pretendía con la penúltima modificación del ordenamiento laboral, la aprobada en octubre de 2010 por el anterior Gobierno, y con la última, la de hace unas semanas, que hubiera más probabilidades de conseguir un trabajo -esto ahora se llama “empleabilidad”- y, a ser posible, con un salario decente y sin fecha de caducidad. Transcurridos diecisiete meses de la primera, fracaso. Y transcurrida una semana de la segunda, la que se ha vendido como “la definitiva”, la del “antes y después”, cautela.

Y es que las buenas y nobles intenciones de los legisladores, que nadie las pone en duda, han chocado siempre con las circunstancias del momento. Y en esta prolongada época de incertidumbre -para cinco añitos vamos-, todavía más. Por mucho empeño que se ponga, si la economía no funciona, cualquier intento resulta en balde. Aquí sí coinciden, al menos ahora, empresarios, sindicatos y políticos. ¿Para qué contratar a un dependiente si la gente no entra en las tiendas?

Dicho esto, y centrándonos en el famoso apogtema de acabar con la dualidad temporal /indefinido, las cifras de Jaén no pueden ser más desmoralizantes. Las estadísticas de contratación de los dos últimos años, que abarcan el periodo de aplicación de la reforma de finales de 2010, no pueden ser más relevantes. De los 449.410 contratos firmados ese mismo 2010, tan sólo 9.220 fijos (un 1,85 por ciento). Pero es que en 2011 todavía fuimos a peor. De 482.439 vinculaciones registradas, únicamente 8.279 permanentes (un 1,72 por ciento). Récord absoluto de precariedad en la provincia con el mercado de trabajo más precario de España. O sea, una barbaridad. Estamos en mínimos, pero es que realmente siempre hemos estado así. En 2007, antes de la crisis, cuando todavía “nadábamos en la abundancia”, el porcentaje fue del 3,30 por ciento.

Y es que una cosa son los dichos y otra los hechos. Aquello de “reducir la dualidad del mercado laboral, facilitando la creación de empleo estable y de calidad a través de la modificación entre empleados y empleadores” ha chocado frontalmente con una realidad recesiva que no entiende de buenos propósitos y que ha disparado el desempleo hasta niveles del 30 por ciento. Pero también con un sistema productivo, el de Jaén, con escaso peso de la industria, el sector que proporciona ocupaciones más estables, fiables y mejor retribuidas, y marcado a fuego por la temporalidad que conllevan las campañas agrícolas y los picos de demanda en actividades vinculadas con el ramo de los servicios -fundamentalmente turismo y comercio-.