Las secuelas de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que sitúan el desempleo en Jaén magnitudes históricas, siguen muy patentes casi dos semanas después. No se puede hacer ninguna lectura positiva de ellas. Ni en caliente, ni ahora en ‘frío’. Y es que si los números de la EPA son alarmantes en sí (94.500 jienenses sin empleo y 23.500 familias con todos sus miembros fuera del mercado laboral), todavía lo son más si cruzamos guarismos con otras fuentes estadísticas. Con la Seguridad Social, por ejemplo. Estamos viviendo una coyuntura (negativa) sin precedentes que acentúa todavía más la dependencia de Jaén de la solidaridad interterritorial, recogida por otra parte en la Constitución. Las cuentas son sencillas. Si sumamos los 94.500 parados a los 133.465 pensionistas –en total, 227.965–, obtenemos una cifra que supera con creces los 201.000 ocupados que hay en Jaén. Estamos, igualmente, ante una situación de la que no hay antecedentes. Hay más gente dependiendo del sistema que contribuyendo al sistema.

Y los cálculos todavía podrían ser más desfavorables si a esas 227.965 personas que no trabajan –porque no encuentran donde colocarse o porque reciben algún tipo de pensión por diferentes circunstancias–, se le añadieran también los que están en edad laboral, entre los 16 y los 65 años, y están inactivos porque estudian, desarrollan labores en el hogar o padecen algún tipo de incapacidad permanente. Entonces los 227.965 se quedarían muy cortos y se transformarían en casi 360.000. Estamos hablando, por tanto, que la proporción es tres a uno. Tres sin trabajo, uno con trabajo.

Insisto en que se trata de matemáticas. Que el Estado pone dinero para compensar estos desequilibrios –aunque haya comunidades que se quejen por ello–. Pero conviene hacerse una composición de lugar para ver de donde veníamos, a donde hemos llegado y sobre todo hacia donde caminamos en caso de que la economía remonte el vuelo, un punto de inflexión que debería llegar más pronto que tarde –al menos eso es lo que pretende el Gobierno con su política de ‘reforma a la semana’–.

Sigamos haciendo este ejercicio de aproximación. Según la Agencia Tributaria, en la última declaración de la renta, correspondiente a 2010 –ahora mismo se está haciendo la de 2011–, el conjunto de la población ocupada de la provincia genera cada nómina unas retribuciones brutas globales de 292,4 millones de euros. ¿Qué parte de este importe son ingresos para el Estado por la vía del IRPF y detracciones para el mantenimiento de la Seguridad Social? Pues son variables en función de las circunstancias personales y familiares. Existen unas tablas de tramos que determinan cual debe ser el tipo impositivo aplicable a cada caso. Sirva como referencia que el fisco recaudó en 2010 un promedio de 15,6 millones de euros al mes en concepto de IRPF. Respecto a las aportaciones a la Seguridad Social, llamadas cuotas, se obtienen igualmente en función de la base de cotización relativa a cada contingencia protegida. En cualquier caso, a tenor de los presupuestos para 2012, el importe medio sería de unos 123 euros por afiliado trabajador, por lo que en Jaén nos iríamos hasta los 28,7 millones de euros mensuales –más la cantidad que pone cada empresa, unos 370 euros por empleado–. Unos 44,3 millones de euros.

Pues bien, para que se hagan una idea, tan sólo el gasto en prestaciones para los desempleados –contributiva, subsidio, renta activa de inserción y eventuales agrarios– asciende en Jaén a los 43,7 millones de euros al mes. A estos 43,7 millones habría que añadir los 83,9 millones que reciben los 133.465 pensionistas. En total, 127,6 millones de euros. Es decir, están saliendo casi tres veces más euros de los que entran, un déficit enorme que siempre ha existido, pero que se ha ido ‘in crescendo’ desde 2007, conforme se agravaba la crisis económica.