Basta con abrir los periódicos y hojearlos. Huelgas, manifestaciones, sentadas, caceroladas, marchas obreras, desayunos solidarios… La conflictividad crece día a día al ritmo que marcan los recortes. Las alarmas llevan mucho tiempo encendidas. La pregunta es ¿cómo subsiste una provincia con una tasa de desempleo que se aproxima al 40 por ciento? Pues más allá de que la necesidad ya se está traduciendo en contestación y protestas de mayor calibre, todo el mundo coincide en que ‘la cosa’ podría ser mucho peor. Y no lo es porque ‘nada se supo’ de uno de cada cuatro euros que se mueven en Jaén. Según los profesores Antonio Martín Mesa y José Juan Duro Cobo y la economista Blanca María García Moral, autores todos del libro ‘La incidencia de la crisis en la provincia de Jaén’, la cuarta parte de la economía jienense es sumergida. Un 25 por ciento que otras organizaciones, como el sindicato Comisiones Obreras, sitúan en el 30 por ciento. Se trabaja, se vende y se negocia eludiendo la obligación de rendir cuentas con Hacienda o la Seguridad Social. Y la expectativa es que estos porcentajes se queden incluso cortos cuando dentro de cuatro días entre en vigor el nuevo IVA. A saber, el tramo general pasa del 18 al 21 por ciento, el reducido del 8 al 10 por ciento y el superreducido se queda en el 4 por ciento. Una subida que irá acompañada de artículos que gravaban al 4 y al 8 por ciento y que a partir del 1 de septiembre lo harán al 21 por ciento. Todo dependerá de la eficacia del Plan de Lucha Antifraude del Gobierno.

Pero si las magnitudes relativas son preocupantes todavía lo son más las absolutas. El último estudio elaborado por el colectivo de técnicos de Hacienda, Gestha, aportaba una cuantas cifras. El Producto Interior Bruto (PIB) ‘negro’ suponía en Jaén la friolera de 2.406 millones de euros, un importe que se aproxima bastante a ese 25 por ciento estimado por los expertos referidos anteriormente. Casi 3.700 euros por habitante. Imagínense la penurias, estrecheces y tijeras que se evitarían con esos 2.406 millones de euros si nos ceñimos a los datos de Jaén o los 244.134 millones del conjunto de España.

Las consecuencias de esta coyuntura son muchas y prácticamente todas negativas. “Prácticamente” porque quizá sí hay una “positiva” -entre comillas y con todas las cautelas del mundo-. Hay gente que sobrevive gracias a ello. Gente que se expone, por otra parte, a buscarse un buen problema si le pilla la Inspección. El Gobierno ya ha advertido de que “no le temblará la mano”. La ministra Fátima Báñez ha anunciado dos líneas de actuación muy concretas. Por una parte, investigar a los que estén cobrando la prestación de forma ilícita. O sea, que estén ocupados y poniendo el cazo al mismo tiempo. Y por otra, obligar darse de alta a los que están fuera del redil.

También estamos ante una amenaza nivel uno para los que no eluden sus obligaciones, tienen todos sus papeles en regla y emiten facturas como dios manda. La Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que en estos momentos hay un 30 por ciento de falsos autónomos en Jaén. Si nos atenemos a las últimas estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, las de julio, estamos hablando de 11.500, una fortísima competencia desleal para los 38.302 negocios que apoquinan el sello sí o sí, cuya cuota oscila entre un mínimo de 256,36 euros trimestrales para una base imponible de 850,20 euros y los 972,20 euros para un máximo de 3.262,40 euros. Una ventaja que permite, por ejemplo, cobrar menos por los productos y servicios que venden.