Vamos a ver. No comparto las reacciones desmedidas de Sebastián Pérez; sólo soy del PP los años bisiestos; no me gusta la demagogia barata para dos dedos de frente, ni las manifestaciones contra De Juana Chaos, ni las banderas, ni las banderitas, ni los banderines. Pero coincido con los ‘peperos’ en que tras las escuchas de Alhendín hay coincidencias turbias que me hacen desconfiar de la dirección política de la Policía Nacional.

No porque un buen día decidieran ‘pinchar’ el móvil del concejal de Urbanismo y espiarle hasta los mensajes de picos pardos. Sino porque por los argumentos esgrimidos en el atestado policial que dio pie a la ‘operación Marchelo’ se podrían intervenir los teléfonos de media provincia.

Afortunadamente, se produjeron las escuchas y se destapó una trama de supuesta corrupción que el PP no atajó a tiempo porque prefirió especular con la fortuna. Pero quedan flotando preguntas sin resolver:

-¿Por qué se pincharon los teléfonos por unas operaciones urbanísticas que habían pasado dos años antes?

-¿Por qué no se hizo en otros municipios donde todo estaba mucho más incipiente?

-¿Cuál fue el pálpito que tuvo el jefe de la Policía Nacional?

-¿Fue una simple intuición o hubo algo más?

-¿Por qué después de un año de escuchas, la Fiscalía emite un decreto bien armado donde sólo habla de seis supuestos delitos urbanísticos, muy graves, pero sólo delitos urbanísticos?

La explicación oficial ha sido peor que la herida: la Policía no pidió escuchas en Armilla porque no ha investigado el ‘caso Nevada’.

Relean la frase a ver si llegan a la misma explicación de perogrullo a la que yo he llegado.

Además, en el atestado en el que solicitan las escuchas hablan de dos operaciones de recalificación de terrenos y -no quisiera ponerme pedante- pero intuyo que se refieren a una ‘reclasificación’, que no es lo mismo.

Es que he dado un curso de Urbanismo y quería soltarlo.