A juicio del SUP, la ley debe suprimir el derecho del menor a entrevistarse con un abogado antes de prestar declaración en Comisaría, como ocurre con los mayores de edad. «La primera declaración es la más espontánea, y que sea espontánea es fundamental para la investigación», dice el sindicato policial.

Los policías piden también más tiempo. Con un menor sólo tienen 24 horas desde que lo detienen hasta que lo ponen en manos de la Fiscalía. «Es muy poco para investigar y cotejar sus versiones», dice Manuel Espino (autor del informe a petición de los padres de la joven sevillana Marta del Castillo, cuyo cadáver aún está desaparecido). Esta prórroga sólo sería necesaria en casos graves, apunta.

Una vez puesto el menor a disposición judicial, los investigadores de la Policía Nacional se encuentran con otra dificultad: la Justicia continúa las pesquisas por su cuenta, encarga informes, pide peritaciones y valoraciones de expertos y practica más diligencias. A las comisarías no llega ni uno de esos documentos (aparte de los que los afectan directamente). El SUP reclama que se envíe copia de todos los informes a los instructores de los atestados, ya que también pueden aportar luz a las gestiones que está realizando la Policía.

Según las conclusiones a la que ha llegado el SUP, también deben modificarse las disposiciones relativas a la responsabilidad civil del menor y de sus familiares. La ley dice que si los padres no tienen responsabilidad en los hechos cometidos se les atenúa su responsabilidad. Según el SUP, ésto va en detrimento de las víctimas, «que no tienen culpa ninguna y tienen derecho a todas las reparaciones por los daños que hayan recibido». Manuel Espino se pregunta «por qué el Estado no se hace cargo como responsable civil subsidiario, para que se cumpla el derecho de la víctima a verse resarcida».

A pesar de que el debate sobre la reforma de Ley del Menor está sujeto a una intensa polémica en el ámbito de la política, los responsables del SUP indican que sus propuestas son «puramente profesionales» y que irían en beneficio de la protección de los derechos de las víctimas e incluso de los menores infractores.

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